Presenta INACIPE normas de Derecho Penal Internacional para Crímenes de Lesa Humanidad en México

• Además, antecedentes del atentado escolar en Monterrey, Nuevo León

COMUNICADO PGR

Ciudad de México.- Como parte de las acciones que la Procuraduría General de la República (PGR) está implementando para contribuir a la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), organizó un foro académico para presentar las directrices del Derecho Penal Internacional que tipifican los Crímenes de Lesa Humanidad y que pudieran presentarse en nuestro país, así como una ponencia sobre los factores que propiciaron el atentado escolar del pasado 18 de enero en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Este foro de reflexión y análisis estuvo dirigido a estudiantes, académicos y funcionarios públicos para promover el estudio e investigación sobre las diferencias que aún existen entre el Derecho Internacional y las normas mexicanas, y para estudiar el entorno social, legal y familiar que orillaron a un estudiante de primaria, a cometer un atentado en condiciones nunca antes vistas en México.

Javier Dondé Matute, profesor–investigador del INACIPE, advirtió sobre la necesidad de difundir en español las normas del Derecho Penal Internacional y los casos en donde se han aplicado con éxito dichas leyes, a fin de saber lo que se puede aportar para que en nuestro país se tengan coincidencias que favorezcan la realización de investigaciones cuando se presenten casos que pudieran tipificarse como crímenes globales.

Por otra parte, el investigador y penalista, Gerardo Palacios Pamanes, habló del caso Monterrey y advirtió que en una primer instancia, el joven estudiante fue mal diagnosticado al establecer que padecía sólo de depresión profunda, cuando todo indica que su conducta respondió a que era afectado por un trastorno bipolar tipo II, que requería de medicación y tratamiento psiquiátrico.

Concluyó también que el entorno social en la entidad norteña, atraviesa por una crisis de inseguridad y de falta de valores, tanto en el núcleo familiar como en la convivencia escolar, por lo que las autoridades deberán de invertir, de manera muy importante, en infraestructura para la prevención del delito.

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