EDITORIAL

Un candidato malandrín

Cada elector tiene la alta responsabilidad de votar como todo mexicano y mexicana, pero también tiene la obligación constitucional de investigar quien o quienes van a ser los gobernadores, presidentes o administradores de un pueblo o municipio. Lamentablemente en la actualidad, los votantes ni siquiera saben a quién aplauden, pues les basta con que “alguien” hable bien del aspirante para darle su confianza, esto es una práctica o un error fatal que ha llevado al país a la debacle, gracias a que el elector se deja engañar fácilmente.

Dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hay aspirantes que han violentado la Ley impunemente y buscan más cargos de elección popular para seguir con su carrera delictiva, sin embargo, al ciudadano eso le vale un comino cuando ni siquiera se preocupan por el futuro de sus hijos, es decir, al no investigar y conocer al “candidato”, le dan el sufragio a un peligroso delincuente que representa un alto riesgo para la sociedad en general, aunque después lleguen las lamentaciones de que “no lo conocían”, esto ya no es válido y no se pueden echar para atrás debido a que le dieron poder a un trasgresor de la Ley.

Sin embargo, no todo es responsabilidad del electorado, sino de quien o quienes deciden o dan el voto de confianza al “candidato”, o sea, la cúpula o el instituto político que postuló al “suspirante”, que seguramente, no son ajenos de las acciones fuera de la Ley, de las investigaciones y de las Averiguaciones Previas existentes contra el aspirante al cargo de elección popular.

Pero también hay otros responsables y nos referimos por supuesto a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes omiten cumplir la Ley y sus obligaciones, pues dentro de los principios y reglamentos contempla que todo aspirante no debe tener una investigación, ser sujeto a indagatorias o tenga una denuncia penal, etcétera, pero al parecer se pasan por el arco del triunfo estas disposiciones legales que deben cumplirse y ejecutarse sin duda alguna.

En el hermoso estado de Chiapas, el ex Fiscal General del estado Raciel López Salazar, es uno de esos personajes que presentan un alto riesgo para la sociedad en general, pero al parecer al PRI y al INE no le importan, pues si al ciudadano no le interesa, porque habría de interesarle a esas instituciones postular a un presunto delincuente?

Se ha hablado de este tema al cansancio y presuntamente no hay quien ponga en tela de juicio las acciones viscerales de las instituciones en referencia, que se supone, fueron creadas por el “partido oficial” para mejorar y garantizar el estado de derecho, sin embargo, da lo mismo poner a un ex presidiario que uno que de manera flagrante violenta la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, con la confabulación de nuestras propias autoridades y la aprobación del electorado.

Tan solo hay que recordar los nombres de José Luis Rueda, Jaime Padilla Barrientos y Sarahi Díaz Pacheco, quienes en Comitán y Comalapa, con la complicidad del ex Fiscal General del estado de Chiapas y actual candidato a la Diputación Federal PRI, PVEM y PANAL Raciel López Salazar, se dedicaron a actividades ilícitas.

La moneda está en el aire y nosotros como comunicadores de prensa, radio o TV, ponemos en bandeja de plata lo que consideramos está mal y cada uno de nosotros debe de asumir su responsabilidad para aplicar su criterio en la próxima jornada electoral.

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