México bajo fuego y el regreso de los “plomeros”

Raúl Rodríguez Cortés/Cortesía del Correo de Oaxaca

El fuego vino de afuera, de instancias estadounidenses como históricamente ha ocurrido y no deja de ocurrir en la actualidad.
Pero también se dispara adentro, desde la oposición aliancista, la emboscada ultraderecha y algunos de los grupos de poder fáctico, en medio de una coyuntura político-electoral en la que los misiles por ellos lanzados contra el actual gobierno, dan lugar a que éste responda con más metralla.
Y así, el fuego disparado por unos y otros impacta en la estabilidad del país y causa graves daños a la gobernanza, a la confianza económica y a la relación con nuestro vecino y principal socio comercial.

No faltarán quienes celebren a rabiar los reportajes publicados el martes por el dos veces ganador del premio Pulitzer, Tim Golden en el portal independientes de noticias ProPublica, el periodista Steven Dudley en InSigth Crime y la columnista mexicana Anabel Hernández en el online de la televisora alemana DW News, y en los que afirman que el narcotráfico aportó entre dos millones y cuatro millones de dólares a la primera campaña presidencial de AMLO, la de las elecciones de 2006, aquellas en las que a juicio de él y de muchos mexicanos se robó el panista Felipe Calderón con medio punto porcentual de diferencia obtenido “haiga sido como haiga sido”.

En las tres publicaciones López Obrador es prácticamente llevado al patíbulo al inferir, sin pruebas concluyentes, que encabeza un narcoestado. La acusación, que él mismo calificó de “vil mentira” lo difama y, acaso en ese sentido, recurra a algún tipo de demanda. Pero siendo la falsedad que resultó, nos ofende a todos porque su investidura representa a 130 millones de mexicanos, incluidos los querientes y malquerientes.

Y es que la especie se derrumbó en menos de 24 horas pues el mismo Tim Golden, ex corresponsal en nuestro país del New York Times reconoció no tener los suficientes elementos para afirmar que el mexicano era un “narco presidente”, mientras que el Departamento de Estado norteamericano informó que hace años había desacreditado la referida investigación que data de 2010 y el Departamento de Justicia así como el ex agente de la DEA en México, Mark Virgil confirmaron que no había ninguna otra causa en marcha contra el presidente López Obrador. Recularon.
Pero son tiempos electorales, tiempos de “guerra” de baja intensidad.

No es casual que al asunto arriba referido se sumen otras campañas anti 4T venidas de Estados Unidos, con todo y descalificaciones académicas por su falta de rigor, como el Informe Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice de Houston, Texas (según se sabe patrocinado por el regiomontano Grupo Alfa y que celebró con bombo y platillo al asistir a su presentación el presidente de Kimberly Clark, Pablo González Guajardo, hermano e hijo de los Claudios articuladores de la alianza opositora), que asegura entre otras varias temeridades que las organizaciones criminales “serían un serio aliado de Morena en los comicios de junio próximo”; o el informe de Oxfam donde se asegura que este gobierno no solo no quebró sino que favoreció “el monopolio de la desigualdad” (catorce ultrarricos mexicanos concentran ocho por ciento de la riqueza nacional); o la asistencia del expresidente Ernesto Zedillo, tras veinte años alejado de la vida pública nacional, a un foro organizado por el grupo financiero Actinver donde advirtió que el populismo (o sea AMLO) busca erosionar la democracia (o sea la alianza opositora) con la eliminación sistemática de pesos y contrapesos.

Otro frente que mantendrá a México bajo fuego es el que en estos días abre Xóchitl Gálvez con su visita y planteamientos a instituciones de Estados Unidos y una continental, la Organización de Estados Americanos, OEA, encabezada por el abiertamente crítico del gobierno de AMLO, el uruguayo Luis Almagro.
Mientras, al interior, parece que alguien busca repetir lo ocurrido en 2006.

Por lo pronto regresan de las catacumbas los especialistas del trabajo sucio, el que se hace en las plomerías del sistema. Dicen los que saben que una “operación zafiro” remasterizada por la oposición aliancista ya se deja sentir en las entidades con el mayor número de votantes.

No se olvide que en 2015 el entonces gobernador de Chihuahua y hoy convicto César Duarte fue acusado de desviar 250 millones de pesos con fines electorales cuando Manlio Fabio Beltrones presidía el PRI.

Los gobernadores de Colima, Durango, Sonora y Estado de México también habrían participado en la “operación zafiro” en la que se acabarían de desviar unos 650 millones de pesos a empresas fantasma para asegurar procesos electorales.

Nada es casual en política y menos en tiempos electorales. Los plomeros nacionales no tienen límites. Los del exterior van haciendo lo suyo, sin tomar en cuenta que la sociedad nacional ha sido la sacrificada por el Pulitzer Golden, con un intentó de misil en la línea de flotación de la 4T que falló, pero que deja daños colaterales.

INSTANTÁNEAS:

  1. LA GUERRA DE ALTA INTENSIDAD. La guerra de alta intensidad se dejará ver en las próximas semanas, cuando el exgobernador panista de Tamaulipas y prófugo de la justicia, Francisco Javier García Cabeza de Vaca reaparezca en la política nacional con un amparo en la mano y Ricardo Anaya, ex aspirante presidencial blanquiazul acusado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya de haber recibido sobornos de Odebrecht, vuelva al país, primero con su amparo respectivo y, ya después, con el fuero que le otorgará un escaño plurinominal. Así que los autollamados perseguidos políticos serán la cabeza de playa en las descalificaciones de los rivales a vencer. La oposición confunde la lucha electoral con una guerra civil, por decirlo de alguna manera.
  2. LA ESTRATEGIA ANTIMISILES. Es obvio que AMLO, su movimiento y su candidata Claudia Sheinbaum no están de brazos cruzados. Responden a los misiles con misiles. Acaso el más reciente sea la reapertura del caso Colosio por parte de la FGR. Quizás tenga una verdadera motivación de hacer justicia, pero indudablemente es un recurso efectivo en la actual coyuntura electoral. De entrada, nos recuerda de lo que fue capaz el viejo régimen en la disputa por el poder. El propio Carlos Salinas de Gortari lo reconoció en una carta publicada en diciembre de 1995: “Los sucesos de 1994 y 1995 fueron parte de una tremenda lucha por el poder y por el proyecto de Nación”. Me pregunto: ¿no estamos en un contexto similar? ¿podrían volver a ocurrir trágicos acontecimientos como aquellos? Volver por lo pronto a la versión del segundo tirador, responsabilizar de ello al ex-agente del Cisen Jorge Antonio Sánchez Ortega (como ya se había hecho y desestimado) y acusar de ir a rescatarlo a Tijuana al entonces subdirector de la agencia de inteligencia, Genaro García Luna apunta, sin duda, hacia Calderón y Salinas de Gortari.

Por lo pronto, un juez se niega a librar la orden de aprehensión contra Sánchez Ortega y un ministro de la Corte, Jorge Pardo Rebolledo se declara impedido de resolver sobre el recurso interpuesto por la FGR para impedir la liberación de Mario Aburto. Recuérdese que su defensa obtuvo amparo con el alegato de que el crimen se cometió en Tijuana y por lo tanto debía aplicarse la pena de 30 años de cárcel prevista en el código penal de Baja California y no la que se le aplicó al ser juzgado en el fuero federal y que es mayor. Si la Corte respalda el amparo, Aburto saldría de prisión el próximo 23 de marzo al cumplirse 30 años del crimen proditorio. Pero el ministro Pardo está impedido de atender el caso que llegó a su ponencia, puesto que fue él como juez federal el que determinó la liberación de Othón Cortés, quien había sido procesado y encarcelado como el presunto segundo tirador. El asunto como ve también golpea, pero desde el gobierno, la estabilidad y necesaria tranquilidad para llevar en paz el proceso electoral en marcha. Tanto la oposición como el presidente municipal de Monterrey e hijo del malogrado candidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio Rojas pide a AMLO el indulto de Aburto para dejar de lucrar políticamente con el crimen. Pero todos han lucrado políticamente con él: desde el padre de la víctima, Luis Colosio hasta el propio munícipe regiomontano y ni se diga el PRI.

  1. TIRA CORTE REFORMA ELÉCTRICA DE AMLO.

La Corte declaró inconstitucional el miércoles pasado la reforma promovida por AMLO y aprobada en marzo de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica. La Segunda Sala concedió el primero de cientos de amparos promovidos por el sector privado, al establecer que los siete artículos principales de la reforma violan las reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista, previstas en la Constitución desde 2013. La votación del amparo fue de empate a dos, con Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar a favor, Yasmín Esquivel y Lenia Batres en contra, y una excusa planteada por el ministro Javier Laynez, aprobada por tres votos contra uno. Pérez Dayán rompió el empate con su voto de calidad como presidente de la Sala, aplicando el artículo 56 de la Ley de Amparo, que lo permite cuando se aprueba la excusa manifestada por un ministro. Esquivel y Batres rechazaron el uso de esta figura.

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