EDITORIAL

Corrupción, nepotismo y tráfico de influencias…

Acaso, ¿no deberían ser las empresas de la Iniciativa Privada (IP), las encargadas de la reconstrucción tras el devastador sismo ocurrido en el mes de septiembre? ¿Porque, aparte de desviar los recursos del erario, los políticos quieren más y más dinero? ¿Acaso no se conforman con los fraudes que protagonizan? ¿Porque el gobierno se mantiene al margen de esta rapiña encabezada por los servidores públicos?

Es común leer en los medios que las divisas al país no son suficientes; en otras noticias narra la forma en cómo un gobierno de México, busca la forma de estabilizar su estado para no caer en la devastadora crisis; otras administraciones imponen un estado austero para poder sanear otras deudas y poder tener más obra social.

Pero todo esto es gracias a la mala administración de los políticos, que llegan al cargo de elección popular a servirse con la cuchara grande; en realidad, un político no llega a servir al pueblo, sino a servirse, por lo cual, el desfalco a la administración es común sin que nadie, ni siquiera la Ley o la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puedan hacer algo para imponer un castigo ejemplar a esos políticos dedicados a hurtar los recursos del pueblo.

Tomando en consideración que la economía en el país está por los suelos, pero no es precisamente porque el empresario haya desfalcado su propia empresa, sino que son los propios políticos quienes nos gobiernan, los que se han encargado de mantener un estado austero bajo el falso argumento de una crisis, que ellos mismos han iniciado.

El descarado desvío de recursos por parte de Presidentes Municipales y gobernadores, son el pan diario de cada día. Incluso, nuestro país, México, es noticia en primera plana en los diarios más importantes del mundo debido a que exhiben cuentas bancarias por varios cientos o miles de millones de dólares: ¿para que carajos quieren más dinero?

En el Istmo de Tehuantepec y por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, Eviel Pérez Magaña y Sofía Castro Ríos, son los responsables de representarlo para poder ayudar a los verdaderos damnificados, sin embargo, sin que nadie les autorizará, también son los encargados de la reconstrucción.

Si, así como se lee, son los que se quedaron o se adjudicaron las obras sociales y colectivas de reconstrucción, dejando a un lado a la Iniciativa Privada, que por Ley, deberían de participar en un concurso para seleccionar a las empresas o constructoras para participar en estos trabajos.

¿Habrá confabulación con los tres niveles de gobierno? Lo más sano es que el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, comience a depurar las empresas reales y los políticos “empresarios”, que gracias al tráfico de influencias y sus prestanombres, son los responsables de la reconstrucción de la tragedia en el Istmo.

Una empresa cien por ciento va hacer un excelente trabajo porque así es su formación, pero un político “empresario” va a empeorar todo, debido a que no va a utilizar material de primera calidad, sino que hará el trabajo con material de quinta calidad y que por supuesto, el propósito es quedarse con el dinero que en estos momentos el gobierno federal está otorgando para la reconstrucción.

¿Qué va a pasar después? Lo hemos vivido y resultará que el mal trabajo del político “empresario”, durará si acaso seis meses o menos, pero no se podrá hacer nada, ni siquiera una auditoría porque ellos mismos son los “auditores”, o sea, el mismo gobierno no podrá sancionarse, por lo cual, los más afectados son los empresarios, la sociedad en general y los damnificados.

Señor Presidente Enrique Peña Nieto, basta ya de tanto nepotismo; basta ya de que sus compañeros se sirvan con la cuchara grande; basta ya de que la tragedia sea parte de su formación; basta ya de que vean la tragedia como un juego; basta ya de tanta anarquía y debería de someter a investigación a quienes han lucrado con la tragedia.

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