Después de analizar las pruebas y evidencias presentadas, el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) responsabilizó ayer al Estado mexicano por la contaminación del río Atoyac, durante la novena audiencia pública que desarrolló en la Ciudad de México, para México y países de Centroamérica, informó el representante del Grupo Atoyac, Efraín Aragón Ibáñez, quien postuló el caso ante esa instancia.
“Es un gran paso para salvar el río”, asentó.
Vía telefónica, el representante de esa alianza de 10 organizaciones ambientalistas expuso que el Grupo Atoyac llevó el caso al TLA porque el río Atoyac es el principal cuerpo de agua de los Valles Centrales y como tal, es un soporte fundamental de la vida de la población, de sus actividades productivas y de su historia.
De hecho, el río Atoyac ha estado relacionado con el desarrollo de los pueblos zapoteco y mixteco, así como de las épocas colonial e independiente, señaló.
Explicó que el Grupo Atoyac atribuyó la contaminación a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable (IEEDS), a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (Sapao), así como a los gobiernos municipal de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Zimatlán de Álvarez.
Destacó que el jurado de la audiencia pública del TLA revisó las pruebas y evidencias presentadas por el Grupo Atoyac y en su veredicto, responsabilizó al Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, por la contaminación del río por incumplir su ordenamiento interno y obligaciones internacionales asumidas.
Además, subrayó que responsabilizó a la Conagua y a otras dependencias involucradas en el deterioro del río por permitir el vertimiento de aguas contaminadas y la afectación de la integridad de ese cuerpo de agua.
Medidas urgentes
Ante esto, destacó que recomendó al Estado mexicano establecer medidas urgentes de mitigación, promover una evaluación interdisciplinaria independiente para conocer el nivel de contaminación y su impacto en los ecosistemas y en los derechos de agua, salud y alimentación de las comunidades afectadas.
También, mencionó que aconsejó implementar un programa integral de saneamiento y restauración, garantizando la participación de la ciudadanía, y promover un programa educación ambiental para concientizar a la sociedad e impedir la repetición de esta situación.
Resaltó que el fallo del jurado de la audiencia pública tiene un gran peso porque sus integrantes Alejandre Camanho (Brasil), Phillipe Texier (Francia), Yanira Cortez (El Salvador), Helena Cotler (México) y María Fernanda Paz (México), son académicos e investigadores de gran prestigio internacional.
No obstante, reconoció que si bien el TLA está fundamentada en los convenios, tratados y declaraciones internacionales relacionados con los principios morales esenciales de la protección de los sistema hídricos y del derecho al agua, su veredicto no es vinculante ni obligatorio de cumplimiento por los gobiernos.
Frente a esto, el Grupo Atoyac dijo que diseñará una estrategia específica para hacer llegar las demandas a las dependencias federales y estatales, así como a los gobiernos municipal –independientemente del procedimiento del TLA– e iniciará una jornada de información ciudadana para difundir el veredicto en los pueblos y sean aceptadas y aplicadas las recomendaciones.
“Vamos a iniciar una gran lucha para que el Atoyac vuelve a ser lo que fue”.
La contaminación es reponsabilidad de la Profepa, de Conagua, de Semarnat, del IEEDS, del CEA y de Sapao, así como a gobiernos municipales.
"
