Cortesía del Correo de Oaxaca/Tequio y Política
Oaxaca de Juárez, Oax.- Si tiene casco de bombero… Botas de bombero… Traje de bombero… Baja de un carro de bomberos… Y lleva una manguera de bombero, ¡es bombero!
Porque resultó bastante extraño que durante los 6 años o 2 mil 190 días… o 52 mil 560 horas, el gobierno de Gabinín no haya descubierto o encontrado, además de Bulmaro Rito Salinas, a corruptos del sexenio de Ulises Ruín Ortiz.
Y culpables o responsables, todavía hay de sobra:
Miguel Ángel Ortega Habib, exsecretario de Finanzas.
Raúl Castellanos Hernández, ex coordinador de Comunicación Social, de quien afirman que empieza a asomar la cabeza por la capital del estado (¿habrá caducado el delito de “desaparecer 450 millones de pesos?).
Emilio Mendoza Kaplan, exdirector del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO).
Armando González Bernabé, exsecretario de Obras Públicas.
El mismo ex gobernador Ruín Ortiz, por crímenes de lesa humanidad, entre otros muchos atracadores.
De ahí que resulte muy interesante la declaración de Jesús Ángel Díaz Navarro, contralor del Estado:
Uno).- La Contraloría de Oaxaca detectó que durante el régimen del ex gobernador Gabino Cué, de la totalidad de procedimientos integrados para sancionar los delitos de peculado cometidos por funcionarios del régimen de Ulises Ruiz, un 70% fueron desechados por los tribunales, porque fueron mal integrados.
Dos).- El actual contralor, Jesús Ángel Díaz Navarro, afirmó que de 359 expedientes de investigación integrados hasta el momento contra Cué y varios de sus colaboradores, se buscará que los procesos de sanción tengan soporte jurídico sólido, para que no sean desechados por las autoridades jurisdiccionales, como ocurrió en el pasado.
Tres).- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Secretaría de la Contraloría, desecharon al menos 500 expedientes iniciados en contra de funcionarios de la administración de Gabino Cué y de Ulises Ruiz “por falta de procedimientos o porque fueron elaborados con deficiencias”.
Cuatro).- Un análisis realizado por la actual Secretaría de la Contraloría Estatal, revela que de al menos 700 expedientes iniciados durante la administración de Gabino Cué y Ulises Ruiz, más del 70 por ciento fueron anulados debido a inconsistencias legales a la hora de integrar los expedientes, lo que propone la tesis de que todo el procedimiento se armó para evitar que funcionarios de la administración anterior pisaran la cárcel o cuando menos que se les iniciaran expedientes administrativos.
Cinco).- El titular de la secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental Jesús Ángel Díaz Navarro, establece que más del 70 por ciento de lo que se sancionaba se caía jurídicamente hablando, “lo que da a entender que los procedimientos se hicieron débiles, sin el sustento adecuado para que en otras instancias como en el Tribunal Contencioso Administrativo, no prosperaran y como no se puede juzgar dos veces un asunto, entonces prácticamente protegieron a los indiciados”.
Seis).- Díaz Navarro, indica que las indagatorias ya están en camino y que la actuación no sólo de la oficina estatal, sino de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública “alcanzará a quienes sean responsables, y si dentro de su responsabilidad actuaron mal, tendrán que rendir cuentas, pero siempre serán llamados para que ellos puedan descargar a su favor lo que consideren necesario, esto no es una cacería de brujas”.
Siete).- Refiere que específicamente en el Tribunal de lo Contencioso, muchos de los expedientes que buscaban sancionar a algún funcionario en específico “se caían” por vicios en los procedimientos con los que se integraban con toda la intención de proteger a las personas contra las que se iniciaron los procedimientos, que también los iniciaron en su administración”.
Ocho).- Explica que la oficina a su cargo tiene investigaciones en curso, pero que esta vez serán cuidadosos para no sancionar y que al llegar a otra instancia simplemente sean desechados, “creemos que vamos a revisar incluso la forma en la que se integran los expedientes para que no caigan en los recursos de impugnación y por lo pronto, estamos confiando en que dentro de cinco meses tendremos los resultados de las auditorías que se están realizando”.
Nueve).- Dice que hay 359 procedimientos en curso, tanto administrativos, penales o para resarcir los daños causados al erario, y en todos ellos serán llamados los titulares de las dependencias para que comiencen a desahogar a su favor las acusaciones.
Diez).- Antes de dejar el cargo, Gabino Cué designó al frente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a Enrique Pacheco Martínez, quien fue su ex Jefe de la Oficina de Gobierno, sin cumplir con el perfil.
Once).- A estas alturas, Pacheco Martínez, podría proteger al ex mandatario estatal Gabinón, para que no se le finquen responsabilidades.
Primer colofón: No hay que olvidar las tronantes declaraciones contra la corrupción ulisista que, como Contralora del Estado, emitía sistemáticamente la “ilustre” panista y ex actriz, Perla Woollrich Fernández y jamás se hizo justicia.
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