Gran Angular: Matar al mensajero

• Ocupa México tercer lugar entre países peligrosos para periodistas
• Solo en el reciente mes de marzo asesinaron a tres comunicadores

Cortesía de El Correo de Oaxaca/Raúl Rodríguez Cortés

En el antiguo calendario romano no todos los días eran idus. Sólo lo eran los 13 de cada mes, excepto en marzo, mayo, julio y octubre que se fijaron el 15. Eran días de buenos augurios por marcar la mitad del mes, hasta los de marzo del año 44 antes de Cristo, cuando fue asesinado Julio César. No hizo caso el dictador de la advertencia de un ciego: “¡cuídate de los idus de marzo!”. Lo pasaron a cuchillo al salir del Senado. Desde entonces, no solo el día, sino el mes entero, quedó asociado a la tragedia y la fatalidad.

Estos días han sido los idus de marzo para el periodismo mexicano. En el mes fueron asesinados tres colegas, dos de ellos en menos de una semana. Súmense el ataque a otro, que lo tiene entre la vida y la muerte, y las múltiples agresiones a varios más, apenas consignadas por unos cuantos medios. Todos, según lo sabido hasta ahora, por sus denuncias contra los poderosos, sean mafiosos o jefes de la delincuencia organizada, políticos o negociantes corruptos. Todos, por ejercer su derecho a informar, a aproximar a su público a las verdades que oculta este México corrompido y violento.

El 2 de marzo fue baleado en Ciudad Altamirano, Guerrero, Cecilio Pineda Brito, director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador de El Universal. El 19 de marzo cayó abatido a tiros en Yanga, Veracruz, Ricardo Monuli Cabrera, director de la publicación digital El Político y columnista de El Diario de Jalapa. El 23 de marzo fue asesinada en Chihuahua, Miroslava Breach Valducea, corresponsal de La Jornada. Y el 29 de marzo dejaron gravemente herido a Armando Arrieta Granados, jefe de redacción de La Opinión de Poza Rica.

En estos días, periodistas de diversos estados también han sufrido agresiones. El 21 de marzo, por ejemplo, tres reporteros que acudieron a cubrir una protesta en la comunidad Puente Colorado, municipio de Chapulco, en Puebla fueron hostigados, perseguidos, golpeados y despojados por los manifestantes. Maximiliano Santos, del periódico El Uno de Tehuacán, fue arrasado hasta el palacio municipal, donde le quitaron sus cámaras y el celular. Otro reportero, Omar Flores, de grupo Radiorama, fue correteado por varias calles sin que le dieran alcance, mientras que Jaime González, de Multired, narró que de igual forma los pobladores lo jalonearon y empujaron para quitarle su celular, de donde borraron las fotografías que había tomado de la protesta.

Por otra parte, con la mayor disponibilidad de las redes sociales, el acoso y las amenazas de muerte a periodistas han escalado durante el último año. Un caso, con agravante de violencia de género, se registró con Tamara de Anda, bloguera, columnista de El Universal y colaboradora de distintos espacios, quien denunció a un taxista que la acosó, convirtiéndose en objeto de ataques, descalificaciones, amenazas de muerte y de violación, principalmente a través de Twitter. Un monitoreo realizado al respecto por la organización independiente de derechos humanos Artículo 19, constató que en solo dos horas, De Anda fue mencionada en más de 600 mensajes con amenazas de violencia física y sexual, con insultos y provocaciones, que hacen alusión a su físico e intentan provocar actos contra su persona e integridad.

En cuanto a las agresiones, marzo también ha sido un mes difícil para el periodismo en México. El 8 de marzo, el periodista Gilberto Navarro Bazaldúa, fue atropellado por un funcionario municipal de la capital guanajuatense. De acuerdo con la investigación, el ataque tuvo relación con el trabajo del reportero en el diario AM.

El 14 de marzo, El Diario de Coahuila informó que su reportero policíaco José Cruz González, fue retenido, amedrentado, fotografiado y sometido a una revisión personal por agentes de elite de la policía estatal.
En Puebla, el Colectivo de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la Casa de los Derechos de Periodistas, denunciaron que bandas dedicadas al robo de combustible ofrecían entre 10 y 15 mil pesos por asesinar a reporteros que informen sobre esa actividad ilícita.

Incluso en la fuente deportiva, la violencia contra reporteros se presentó cuando un grupo de aficionados confrontó a granaderos en las inmediaciones del Estado Universitario, donde se jugaría el partido Pumas-América. Los reporteros que se aproximaron a registrar el enfrentamiento y se convirtieron en objetivo de la turba, resultando lesionado un trabajador de la publicación Medio Tiempo, cuya identidad no fue revelada.

En cuanto a Chihuahua, ya con Javier Corral de gobernador, el reportero Jesús Adrián Rodríguez Samaniego fue asesinado el 5 de diciembre pasado cuando salía de su casa, en la Calle 5a. de la Colonia Santa Rosa, donde hombres armados que viajaban en un vehículo negro, le dispararon en cinco ocasiones. El reportero de 41 años, laboraba en el Grupo Radio Divertida, en la estación de Antena 760 y anteriormente en otros medios de comunicación como El Heraldo de Chihuahua y Radio Lobo.

De acuerdo con la asociación Reporteros sin Fronteras, México se ha convertido en el tercer país más peligroso para los periodistas, apenas superado por dos que están en guerra: Siria y Afganistán. Y aquí cabe una precisión. No sólo mueren periodistas en el fuego cruzado de un enfrentamiento armado. También mueren por informar en sus localidades, por denunciar la corrupción de políticos y mafiosos, por desenmascarar los abusos de los poderosos.

Artículo 19, contabiliza en nuestro país 285 asesinatos de periodistas entre 1934 y 2017. Eran muy poco frecuentes durante los primeros años de este recuento. En el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) fue asesinado uno, en el de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) otro y en el de Adolfo López Mateos (1958-1964) uno más.

En el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976), aún en medio de la “guerra sucia”, sólo está consignada la muerte de uno. Pero a partir de ahí, asociados a la creciente descomposición del estado de derecho y, por supuesto, a la violencia desatada por la sangrienta e inútil guerra contra el narcotráfico, los asesinatos de periodistas han escalado.

Con José López Portillo (1976-1982) fueron diez; con Miguel de la Madrid (1982-1988) 35; con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 24; con Ernesto Zedillo (1994-2000) 20; con Vicente Fox (2000-2006) 32; con Felipe Calderón (2006-2012) 112; en el actual sexenio van 48.

Los estados donde más se han cometido son Veracruz (33), Tamaulipas (31), Chihuahua (30), Sinaloa (25) y Guerrero (22). Y los años en que más periodistas han sido asesinados son 2010 y 2012 con 24 casos cada uno.
Entre los asesinatos de periodistas más impactantes están el del columnista Manuel Buendía (30 de mayo de 1984), que en su columna diaria Red Privada de Excélsior, daba a conocer información confidencial comprometedora para el régimen; Héctor “El Gato” Félix Miranda, directivo del semanario Zeta de Tijuana (20 de abril de 1988) y la reportera de La Jornada Regina Martínez Pérez (28 de abril de 2012).

Pero la mayoría de los asesinatos se han cometido contra periodistas de medios locales, en comunidades donde informar es un ejercicio de alto riesgo. Y un dato sobrecogedor: 95% de los casos permanecen impunes.

Al hacer este recuento vino a la memoria un libro estremecedor del que tomé el título de esta entrega: Matar a un periodista (el peligroso oficio de informar). Su autor, el periodista canadiense Terry Gould, indaga sobre el asesinato de siete periodistas locales de países difíciles. Pero no sólo sigue la pista de sus verdugos y de la manera en que cometieron sus crímenes. Profundiza en el ser y la vida de las víctimas: ¿qué impulsa a esas mujeres y hombres, qué obsesión, rectitud, sentido de la justicia o rabia contra el poder y la impunidad los conduce a jugarse la vida solo por la verdad?

Juan Miguel Muñoz de El País publicó un reportaje sobre Terry Gould en el que deja claro: “Los periodistas representan el derecho de la gente a saber lo que hacen los personajes públicos, desenmascaran a la delincuencia cuando la policía se niega a perseguirla o forma parte de ella, y ayudan a los ciudadanos a conocer y comprender las actividades que grupos armados ilegales y terroristas llevan a cabo en la zona. Si los periodistas pueden ser asesinados como represalia por su trabajo y los asesinos no pagan por su delito, las sociedades en que se producen esos asesinatos estarán a merced de sociópatas”.

Contrario a lo que podría pensarse, la transición democrática que vivió nuestro país en 2000, lejos de facilitar el desempeño periodístico, lo ha vuelto muy difícil. Los crímenes de reporteros han aumentado escandalosamente, tal y como como lo reflejan las estadísticas anotadas. Cada uno de esos crímenes golpea y pone en entredicho la libertad de expresión, pilar fundamental de todo régimen democrático.

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