En Washington se decidirá el futuro de varios sistemas pensionarios nacionales

Cortesía del Correo de Oaxaca/Eduardo Ruiz-Healy

30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas pensionarios obligatorios entre 1981 y 2014.

14 en América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela.

Otros 14 en Europa y la ex Unión Soviética: Armenia, Bulgaria, República Checa, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Kazajstán, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Rumania y Rusia.

Y dos en África: Ghana y Nigeria.

En 2018, 18 de los 30 habían revertido las privatizaciones: Argentina, Bolivia, Bulgaria, República Checa, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Kazajstán, Letonia, Lituania, Macedonia, Nicaragua, Polonia, Rumanía, Rusia y Venezuela.

De acuerdo con el reporte “Revirtiendo las privatizaciones de las pensiones – Reconstrucción de los sistemas públicos de pensiones en Europa del Este y América Latina”, realizado en 2018 por la Organización Internacional del Trabajo, “un objetivo principal del experimento de la privatización de las pensiones fue movilizar los ahorros de las personas para estimular los ahorros a largo plazo y desarrollar los mercados de capital”.

Sin embargo, señala el reporte, “la privatización no arrojó los resultados esperados. Las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los beneficios de las pensiones se deterioraron y las desigualdades de género se agravaron.

El riesgo de fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a las personas. Los costos administrativos aumentaron reduciendo los beneficios de las pensiones.

Los altos costos de la transición, a menudo subestimados, crearon grandes presiones fiscales.

Se suponía que la administración del sector privado mejoraría la gobernanza, en cambio la debilitó.

Se eliminó la participación de los trabajadores en la gestión.

Las funciones de regulación y supervisión fueron capturadas por los mismos grupos económicos responsables de administrar los fondos de pensiones, creando un serio conflicto de intereses… la industria de los seguros privados avanzó hacia la concentración… en la mayoría de los países en desarrollo las reformas de las pensiones tuvieron efectos limitados en los mercados de capital y el crecimiento”.

Esas son algunas de las razones que argumentaron los 18 que revertieron sus privatizaciones.

Sin embargo, “por la pérdida de potenciales beneficios como resultado de la reversión de la privatización de los programas de pensiones”, dos grandes corporaciones financieras – Metlife Insurance y NN Insurance International – demandaron a Argentina, y otra -BBVA Bank- demandó a Bolivia. Las disputas se dirimen en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en Washington.

El asunto ha provocado que el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y más de 100 expertos en desarrollo firmaran hace unos días un comunicado en el que advierten que, si los dos países pierden las disputas, serán los empobrecidos y jubilados mayores de edad quienes tendrán que pagarles a estas corporaciones financieras.

De lo que ocurra en el CIADI dependerá lo que otros países -entre ellos México- decidan hacer con sus deficientes sistemas privados de pensiones.

UNA NUEVA ENCUESTA PARA SABER CÓMO SERÁ LA NUEVA NORMALIDAD

El 14 de agosto pasado comenté aquí los resultados de una encuesta que The Conference Board realizó entre poco más de mil 300 altos ejecutivos alrededor del mundo con el fin de conocer sus opiniones sobre el impacto que a largo plazo tendrá la pandemia de COVID-19.

Esta encuesta indicó que los ejecutivos opinaban que, para sobrevivir y progresar en la nueva realidad, las empresas debían transformarse profundamente y que no iban a parecerse mucho a lo que eran antes de la pandemia.

Ya se difundieron los resultados de una encuesta para saber cómo los directores generales (CEOs) de las empresas más influyentes del mundo están planificando el regreso a la llamada nueva normalidad.

El estudio, que fue realizado en febrero y marzo por KPMG International (una de las cuatro grandes empresas de contabilidad del mundo), le preguntó a los CEOs de 500 empresas globales sobre “su respuesta a la pandemia y las perspectivas para los siguientes tres años”.

El reporte anota que “los CEOs están planeando cómo será el regreso a la ‘normalidad’, pero la falta de acceso de su fuerza laboral a una vacuna COVID-19 los está obligando a repensar sus estrategias. Sólo un 31% anticipa un regreso a la normalidad en 2021 y 45% espera que la normalidad se reanude en 2022, el 24% dice que su negocio ha cambiado para siempre”.

Más adelante, el reporte dice que “La seguridad de su personal domina los planes de los CEOs para operar en el nuevo panorama empresarial, 21% de las empresas les preguntarán si han sido vacunados a los clientes y visitantes de sus instalaciones, 26% planea reducir los viajes internacionales hasta que concluya la pandemia, 17% dice que reducirá el tamaño de las instalaciones físicas de su empresa, porcentaje menor al 69% que en agosto de 2020 dijo que lo haría, 30% tendrá una mayoría de empleados trabajando de forma remota entre 2 y 3 días a la semana”.

Los CEOs tienen sentimientos encontrados en cuanto a los próximos tres años y sienten “un poco más de confianza en su empresa, sector y país que el año pasado” pero, por otro lado, su confianza en la economía global “está en su nivel más bajo desde 2017”.

A la pregunta “¿Cuál de los siguientes riesgos representa la mayor amenaza para el crecimiento de su organización durante los próximos tres años?”, ocupó el primer lugar, con 18% de las respuestas, el riesgo para la ciberseguridad, seguido por riesgos fiscales y regulatorios (14% cada uno) y, en tercer lugar, con 12% de las respuestas, riesgos en la cadena de suministros. Esto significa que los CEOs opinan que la mayor digitalización de sus empresas las hará blancos de hackers y ciberterroristas, que los gobiernos podrían incrementar los impuestos corporativos e imponer nuevas reglas medioambientales y que la inestabilidad política generada por la pandemia podría afectar a sus proveedores.

El estudio concluye que “Aunque pocos líderes empresariales anticipan un rápido regreso a la normalidad, tienen una sólida comprensión de los requisitos para restaurarla en la forma en que trabajan.

También tienen una visión clara de las acciones necesarias para reafirmar su competitividad en un mercado que cambió para siempre…”.

Habrá que ver qué nos dicen otras encuestas, pero la nueva normalidad no será muy normal.

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